Por: Arturo Molina
A pesar de los discursos anticorrupción y la creación de organismos para contener las irregularidades en el manejo financiero del estado, la “licuadora financiera” se perpetúa en Michoacán. Miles de millones de pesos correspondientes a los sueldos de profesores, del Poder Judicial, del Legislativo y organismos descentralizados fueron desviados a otros rubros.
Dichas acciones fueron señaladas por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y la contralora Azucena Marín, al inicio de esta semana. Los funcionarios además dieron a conocer la “deuda maldita” de más de 12 mil millones de peso de pasivos no bancarizados en apenas 10 dependencias revisadas.
Cuestionado por medios de comunicación, Ramírez Bedolla ironizó con las preguntas de la prensa local tras explicar que la crisis de fin de sexenio en los últimos 3 meses de Aureoles Conejo se debió al desvío de recursos como una de las prácticas de corrupción más arraigadas en el estado de Michoacán.
“¿Apoco todavía hay duda en eso? Por supuesto que la hay, porque se dejó de pagar a los maestros cuatro quincenas, al Poder Judicial, a los policías, al Congreso del Estado. Porque hay manejo irregular, eso es obvio. Hasta la pregunta ofende.
En todos esos tipos de cuestiones estamos nosotros realizando las investigaciones y ya las hay. La recepción es eso, iniciar las investigaciones y pedir los informes”, explicó.
Desde el inicio del sexenio de Silvano Aureoles Conejo, en el último cuatrimestre de 2015, se denunció públicamente el uso de la “licuadora financiera” para el desvío de recursos de distintos rubros indispensables, como el presupuesto de salud, de seguridad pública y otros recursos estatales a que al final del día no se sabe “dónde quedaron”.
En su momento, Aureoles Conejo incluso comprometió y celebró el fin de la “licuadora”, con la creación de distintos organismos como el Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción en el nuevo esquema de fiscalización de justicia y otros mecanismos para contener actos de corrupción.
No obstante, a 6 años de distancia la realidad volvió a alcanzar al estado de Michoacán, pues el manejo y ejecución de miles de millones de pesos del estado no se pueden comprobar a poco más de 40 días de iniciado el nuevo gobierno del estado.
La Contraloría estatal refirió incluso que el monto de adeudos bancarios asciende a 12 mil 780 millones de pesos. La Secretaría de Educación es la que presenta la mayor carga de números rojos.
En total, la dependencia adeuda 6 mil 023 millones de pesos a terceros institucionales y empresas de ejercicios anteriores, a lo cual se suman otros 946 millones de prestaciones de 2020; 4 mil 601 millones de pesos para el cierre de este año y 78.6 millones de pesos en adeudos al ISSSTE.
En la otrora empoderada Coordinación General de Comunicación Social se tienen adeudos de 84.71 millones de pesos con proveedores y medios de comunicación, y además se registró un gasto excesivo de 290 millones de pesos en comunicación social.
En la Secretaría de Seguridad Pública se advierte 555 millones de pesos pendientes de pago y 161 millones de pesos en la falta de regularización y comprobación de documentos.
En el caso de la Secretaría de Salud estatal hay sin cuantificar cuentas bancarias, mismas que presentan inconsistencias en saldos, expedientes de obra incompletos, 701 juicios laborales, contenciones y mercantiles pendientes y otros asuntos calificados como “relevantes” que tampoco fueron cuantificados.
Asimismo, otras dependencias, como la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, así como la Secretaría de Desarrollo Económico, hay irregularidades.
En Sedrua también se señalaron irregularidades en el manejo de los recursos obtenidos a través del Seguro por Daños Catastróficos, en donde más de la mitad de los recursos obtenidos para apoyar a los municipios afectados por desastres naturales se desconoce su destino.
«Otro caso que llama la atención es la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, pues se deben 79 millones por arrendamiento de maquinaria, es decir, estuvieron pagando cantidades exorbitantes en materia de arrendamiento”, dijo el gobernador, y añadió que se debe aclarar también el destino de 108 millones del seguro, en el que se puso como beneficiario al gobierno del estado en primer lugar y no a los campesinos.
Ramírez Bedolla dijo sobre el Seguro Catastrófico en Sedrua que se contrató para 600 mil hectáreas en el estado ante daños por desastres naturales:
“Se ejerce ese seguro, alrededor de 240 millones de pesos que se le dan al gobierno del estado y el gobierno paga 132 millones a campesinos que fueron afectados, pero 108 millones se los guardan”, explicó.
“Peor aún, los 108 millones de pesos, la Secretaría de Finanzas le pide a la Sedrua que se los deposite y sí, se los entrega y entran a la ‘licuadora’ y es lo que estamos averiguando, dónde quedaron, qué pagaron con ellos, pues ahí hay desvío de recursos”, sentenció el mandatario.
Explicó que ahí quien firma es el delegado administrativo, pero también es el propio titular de Sedrua, «pero también en Finanzas hay quienes solicitan el recurso de manera indebida, y todo eso es lo que se les está solicitando a los funcionarios en el debido proceso: que aclaren la situación, que den respuesta de dónde está ese recurso y si no dan respuesta viene el proceso de auditoría”.
Fuente: Lv/ Edit by RSM / Redacción: Arturo Molina
